Por Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay

Si en algunas ocasiones es difícil establecer la diferencia entre lo público y lo privado, lo es mucho más disponer de una base para guiar la toma de decisiones políticas. En la práctica, comparar el universo de la gestión privada con la administración pública es una tarea complicada, ni hablar de la complejidad de querer enlazarlos. Actualmente podemos observar un cambio de paradigma caracterizado por la iniciativa del nuevo gobierno de acoplar estas esferas que a simple vista parecen disímiles entre sí.

Esta situación ha disparado un debate en la opinión pública respecto de la efectividad que puede tener, en términos de resultados, llevar la lógica privada al sector público como eje central para el cambio y la modernización de la gestión de gobierno.

Se trata de un debate que no es nuevo. Diversos países han tenido procesos del estilo en diferentes momentos de su historia reciente. Incluso Argentina ya ha tenido alguna experiencia al respecto un par de décadas atrás.

¿Aplicar estrategias, métodos y herramientas del management del sector privado en la gestión pública es garantía de que el estado se vuelva eficiente?. ¿Ser un gerente exitoso alcanza para convertirse en un buen funcionario?. ¿El conocimiento técnico es más importante que la visión política a la hora administrar el estado?

Las dudas e inquietudes son muchas. El tiempo seguramente traerá algunas respuestas, pero en principio no hay que perder de vista que como todo en la política, la cuestión excede lo que tiene que ver con el proceso, la eficiencia, la productividad y otras variables "duras".

En el marco de lo teórico y del análisis con una mirada del campo de los recursos humanos, pareciera ser que la idea de llevar adelante transformaciones hacia dentro del Estado apoyadas en las ideas básicas de las ciencias de gestión o del management seria acertada, aunque no está exenta de riesgos. Por lo pronto, la legitimidad como fuente de propuestas para mejorar el desempeño del sector público encuentra sustento en la buena experiencia acumulada en el sector privado de las empresas consideradas exitosas.

Este tipo de reforma se caracteriza por la aplicación de las tecnologías de gestión privada en el ámbito de las organizaciones públicas, la racionalización de estructuras y procedimientos, la revisión de los procesos de toma de decisiones, la búsqueda de mayor productividad de los empleados públicos y la modernización de la gestión, junto con un mayor control asociado a la necesidad de dar más transparencia a la administración de lo público.

Lo que se intenta traer a las instituciones desde el sector privado es su lógica de racionalidad económica, concebida para ordenar y guiar el comportamiento de una organización. El desafío que se presenta tiene que ver con el grado de equilibrio que se logre y en cómo se diriman los puntos de conflicto que se dan entre la búsqueda de esa eficiencia y racionalidad y el rol indelegable del estado en la búsqueda del bien común  y la necesidad de observar valores colectivos.

Se busca un gobierno más eficiente, con servicios de mayor calidad y programas más eficaces, y además, generar cambios como la ampliación del control político, mayor libertad a los gerentes/directores, mayor transparencia gubernamental y una mejora de la imagen de ministros y líderes. La experiencia internacional señala que en la mayoría de los casos la incorporación de las técnicas del management por sí misma no es suficiente si no es acompañada de la recreación de mecanismos que favorezcan el desarrollo de una nueva cultura de la responsabilidad, capaz de reordenar la interrelación entre funciones políticas y administrativas a través de una gestión eficiente y equilibrada con el fin del estado asociado al bienestar general.

Una década de gestión pública con predominio político

En Argentina venimos de diez años caracterizados por una impronta de gestión pública con contundente predominio de la política, donde lo relativo al conocimiento técnico en los procesos de toma de decisión ha sido dejado de lado. Bajo este enfoque podían darse efectos no deseados como la definición de una muy buena política pública para resolver una necesidad, pero que aún siendo buena fracasara en la implementación por errores derivados de la falta de rigor y análisis técnico.

Pareciera que el movimiento pendular es parte del ADN argentino, sin embargo lo ideal sería encontrar un punto de equilibrio en el que la política aporte lo suyo y el conocimiento técnico también, para generar un entramado en donde ambas visiones coexistan en armonía. Una palabra, diez letras: Equilibrio. Ni más, ni menos que evitar los extremos y lograr una gestión eficiente y racional orientada con una buena visión política.

Desde la perspectiva de los profesionales que dieron el salto, o están tentados de hacerlo, es importante tener en cuenta que la administración pública tiene sus particularidades propias, una cultura muy arraigada y hasta un lenguaje propio, y eso significa que los ejecutivos y gerentes que se incorporen al sector público tendrán que tomarse el tiempo para adaptarse y entender cómo son sus mecanismos y sus reglas de trabajo.

Analizado desde la perspectiva de la oportunidad de desarrollo de carrera laboral, para un profesional que pega el salto desde el ámbito privado al público, este pareciera ser el momento ideal para hacerlo. Por un lado porque es el inicio de un nuevo ciclo, donde además de la perspectiva de un horizonte de cuatro años por delante, existe una marcada receptividad hacia el reclutamiento de profesionales del sector privado, tanto por cuestiones ideológicas como de índole pragmáticas, habida cuenta que la "toma de control" en forma simultánea del gobierno nacional y de la ciudad y provincia de Buenos Aires requiere una cantidad de dirigentes que excede largamente los que dispone la coalición gobernante.

Algunos dieron el salto porque tienen un perfil más político, otros por su perfil más orientado a lo técnico, muchos también lo hacen como parte de un compromiso ciudadano para dar su apoyo al proceso de cambio y otros, simplemente por el desafío de un cambio laboral o la capitalización de la oportunidad. Acorde a cada una de estas opciones, las motivaciones, inclinaciones y expectativas variarán. No es lo mismo el caso de un profesional de la comunicación o un abogado que pega el salto motivado por el desafío profesional de asumir como director de un ministerio para gestionar el área jurídica o la de comunicación, que el de un CEO o un ejecutivo de alto nivel que asume al frente de un ministerio u organismo. En uno y otro caso se ponen en juego cuestiones diferentes y no tendrán el mismo peso de responsabilidades frente a la decisión. En el primer caso, lo que se está haciendo es cambiar el ámbito de desarrollo de la carrera, aunque sea temporariamente, ya que nada impide reinsertarse luego en el sector privado en la medida en que el profesional mantenga actualizados sus conocimientos y especialización durante su paso por el sector público. En el segundo caso, a excepción de las empresas públicas, como Aerolíneas o YPF, por citar las más relevantes, cuando el rol tiene que ver con una posición netamente política, es probable que se trate de un cambio más radical, en el que se busca el desarrollo de una carrera política, que desde ya implica otros riesgos, pero también otro potencial y otros horizontes.

Sea cual sea la motivación, para que a ese profesional le vaya bien en este desafío nuevo, tendrá que asumir responsabilidades diferentes a las que acostumbraba y eso exigirá que adquiera nuevos conocimientos y habilidades. Los riesgos vendrán, probablemente, en términos del cambio cultural. Existen antecedentes de gente que no logró adaptarse a la gestión pública porque la persecución de objetivos de un gobierno tiene una naturaleza diferente a la del mercado privado y la gestión empresarial, ya que hay menos margen para la actuación individual y la gestión aislada y se requiere más trabajo inter-institucional y mucha búsqueda de consensos. Esto también tiene su correlato en los tiempos de la gestión. Los procesos en la administración pública son más lentos. No es un ámbito apto para ansiosos. Muchos de los que ingresan desde el ámbito privado refieren, por ejemplo, frustración con los tiempos y la lentitud de los procesos de cambio.

También está la cuestión económica. Si bien el Estado está lejos, en términos de remuneraciones, de lo que son los salarios en una gran compañía, especialmente de las industrias más competitivas como petróleo, minería, laboratorios y consumo masivo, entre otras, hay otros beneficios que acortan la brecha. Aún así, es posible que en el corto o mediano plazo el Estado se adapte a esta realidad y ofrezca salarios más competitivos para poder atraer y retener talento.

Los resultados de este proceso se verán con el tiempo. Tanto para la administración publica en si, como para los profesionales que se sumen a ella. En el equilibrio, la articulación y las sinergias entre el conocimiento técnico y la visión política es donde la gente formada en la gestión privada tendrá la mayor oportunidad de aportar gran valor en la administración pública potenciando las capacidades y el capital humano con que el Estado ya cuenta. El desafío está en marcha.



Fuente: Columna de opinión publicada en la edición impresa de la Revista Mañana Profesional de abril/ mayo de 2016, Página 18.